La cuenta, números más, números menos, se realiza de la siguiente manera. Tres pagos de Ingreso Familiar de Emergencia , para un universo promedio de 9 millones de personas, a razón de $ 10.000 cada uno, equivale a una inversión total del Estado en asistencia social de unos $ 265.000 millones, el equivalente a un 0,77 punto de PBI, y una porción grande de la ayuda total que ha aportado Casa Rosada a los sectores más vulnerables desde que comenzó la pandemia .
Así lo explican, en líneas generales, desde la ANSeS , cuando se le consulta por el gasto que ha representado el IFE en este trimestre, período más corto que la asistencia a las empresas para el pago de los salarios privados, que ya tiene cuatro ATP confirmados, y que se perfila, según palabras del propio ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, para perdurar en el tiempo incluso en una etapa de lo que sea una incipiente poscuarentena.
La diferencia, en el caso de los ATP, más allá de la continuidad por unos meses que se perfila tendrá, es que los aportes que se dieron de manera mensual tuvieron un impacto menor desde lo económico: en promedio, entre $ 35.000 y $ 45.000 millones, lo que totaliza unos $ 160.000 millones si se consideran sus cuatro envíos. El quinto, que Alberto Fernández dejó entrever se completará con los sueldos de agosto a principios de septiembre, llevará esa inversión total a un número similar.
Ni el IFE ni el ATP, bajo la órbita de ANSeS y de Desarrollo Productivo, son los únicos recursos de asistencia que maneja el Gobierno en tiempos de pandemia. El Ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroyo es la otra caja relevante que trabaja con planes de apoyo a los sectores más golpeados por el Covid-19 .
"Al 30 de junio gastamos el 120% del presupuesto para todo el año", dijo Arroyo la semana pasada en una entrevista radial en el programa En caso contrario, por FM Cultura. Y efectivamente así fue, como lo consignó El Cronista hace dos semanas en un análisis exhaustivo del gasto social que realizó.
A la fecha, casi una quincena después de esos datos, la inversión en Desarrollo Social sigue en alza: se llevan gastados $ 105.000 millones sobre el global de $ 93.000 millones que se había estipulado a principios de año, con el remozado presupuesto que el Gobierno adoptó del plan que dejó el macrismo. No es el 120% que marca Arroyo, pero sí un 113%, número que se irá incrementando con el correr de los meses.
En el gasto por programas sobresale el de Políticas Alimentarias, que ha tenido un alto nivel de ejecución, el 78%, teniendo en cuenta que se erogaron $ 63.000 millones sobre los $ 80.000 millones vigentes. En concepto de tarjetas alimentarias entregadas, según fuentes ejecutivas fueron 1,5 millones, que representan unos $ 7600 millones por mes. El plan Potenciar Trabajo, por su parte, paga un bono de $ 3000 a 345.000 personas que se quedaron sin trabajo y no percibieron IFE.
La última caja de asistencia social importante se compone, como en el caso de la ANSeS, de fondos que provienen desde el Ministerio de Trabajo. De acuerdo al sitio Presupuesto Abierto, se giraron a la fecha $ 188.947 millones en concepto total de asignaciones, entre las cuales se incluye, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo. El presupuesto total para ese sector es $ 275.190 millones: en seis meses y medio ya se ejecutó el 70% de la partida.
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