El presidente, Alberto Fernández, definirá en tándem por estas horas junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, el formato de la extensión del canje abierto en Nueva York.
Hoy a las 18 horas de Argentina (las 17 en el Este norteamericano) vence el quinto Período de Invitación y su prórroga es incierta: el Gobierno puede prolongar por 10 días corridos con la misma oferta vigente -la de fines de abril-, enmendar la propuesta y dejarla abierta por al menos dos semanas o levantar la oferta y ejecutar el canje con los bonistas que lo aceptaron antes del 8 de mayo, que tienen menos del 20% de la deuda elegible para reestructurar.
Anoche todavía no había una definición y fuentes oficiales contaban a El Cronista que la decisión se podría dilatar incluso hasta el domingo.
El portazo que pegaron el Gobierno y los acreedores el miércoles todavía resuena. El Ministerio de Economía apuntó a Blackrock por el fracaso de las negociaciones, y el Ad Hoc Bondholder Group, que lidera el fondo de Laurence Fink, respondió que analiza sus derechos y dejó entrever que podría pedir la aceleración del default.
Las posiciones no están tan alejadas: fuentes del mercado señalan que son apenas u$s 300 millones por año.
Blackrock es el más duro y se plantó en pedir 55 dólares de Valor Presente Neto (NPV) por cada lámina de 100, mientras que el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC) se conforma con u$s 51,5 en promedio.
El paper que presentaron UBS y Mens Sana Advisors, asesores financieros de los fondos Gramercy, Greylock Capital y Fintech (del mexicano David Martínez, con variadas inversiones en la Argentina), destaca que el país debería hacer un esfuerzo fiscal anual de apenas el 0,02% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a unos u$s 76 millones.
Pese al fuego cruzado por la deuda, el mercado apuesta a más negociaciones
La caída de los acuerdos de confidencialidad entre el Gobierno y los acreedores y los posteriores dardos lanzados desde uno y otro lado del mostrador enturbiaron las aguas de la negociación para reestructurar la deuda argentina.
Frente a esto cobra protagonismo el dictamen técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) de hace dos semanas, que señaló que una propuesta oficial por encima de u$s 50 a una tasa de salida -exit yield- de 10% dejaría de ser "sostenible con alto grado de probabilidad".
Si el Gobierno lo superara, aún sin contar con el Value Recovery Instrument (VRI) del cupón atado al promedio de las exportaciones, desdibujaría esa recomendación del principal acreedor.
Proponer una enmienda con un NPV mayor a los u$s 50 y un cupón ligado a las exportaciones o, en su defecto, a la evolución futura del PBI, sin que ello motive un rechazo del FMI, tendría el significado de que el techo del staff del organismo no solo que no era vinculante, sino que tampoco era real y que permitía una postura oficial más flexible de la que se muestra hoy.
Fuentes al tanto de las negociaciones indican que, a su vez, el FMI será el único prestamista de la Argentina en el corto plazo, al igual que desde mediados de 2018.
"El Fondo va a querer que la Argentina recupere acceso a los mercados y asegurarse el repago de los u$s 44.000 millones que ya le prestó al país. Va a avalar una propuesta superadora", matizó un economista, que prefirió el off the record.
Cerca de los bonistas coinciden. Expresaron ante la pregunta de este diario que si los acreedores no aceptan los términos del canje se incumplirá el supuesto de "alta participación con acceso posterior a los mercados" y que, en tal caso, se desplomará la economía y el FMI "no podrá cobrar más".
Con todo, Argentina ya entró en un soft default al no pagar u$s 503 millones de intereses de tres bonos el 22 de mayo y los fondos podrían pedir la aceleración en la Corte de Nueva York en cualquier momento.
La próxima fecha clave es el 30 de julio, cuando se cumplan los 30 días de gracia desde el vencimiento del Discount, en manos de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.
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