El entendimiento al que habrían llegado el Gobierno nacional y las empresas de alimentos y bebidas no maduró al punto de comenzar un diálogo formal para desandar los Precios Máximos de Referencia, tal como se había ventilado la semana pasada.
Por presión de las gremiales empresarias, aglutinadas en su conjunto en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la Secretaría de Comercio Interior y el ministerio de Desarrollo Productivo accedieron a discutir el final de una política de congelamiento de precios al consumidor fijada el pasado 20 de marzo, con el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio que prácticamente ha quedado en el pasado en la mayoría del territorio nacional.
Días atrás, el Gobierno dejó entrever que esta semana recibiría a las empresas del sector que tenían reparos a los precios de lista que regirán hasta el 31 de enero próximo, ante la inflación en subida (los privados calculan que octubre habría superado el 3%) y el consecuente aumento de sus costos y reducción de rentabilidad. Sin embargo, las reuniones todavía no sucedieron.
Por lo bajo, empresas y cámaras de las diversas vertientes de la industria dejan entrever que cualquier movimiento para reajustar los márgenes no puede quedar por debajo del 25%. Aducen, incluso, que el congelamiento los agarró con estructuras de costos desactualizadas a noviembre de 2019, que no pueden garantizar el cumplimiento de las paritarias acordadas, y a su vez que operan ya al costo o en pérdida.
En paralelo, y mientras avance la negociación en cabeza de la secretaria Paula Español y la atenta mirada del ministro Matías Kulfas, los procesadores de alimentos piden un relajamiento de las inspecciones de funcionarios nacionales enviados para controlar los precios y el abastecimiento en comercios, distribuidores, proveedores e industrias de todo el país.
Vale recordar que la cartera de Comercio Interior realizó 25.000 fiscalizaciones en todo el país con la asistencia de funcionarios provinciales y municipales, y aceleró los plazos administrativos para la efectivización de sanciones a empresas infractoras, lo que devino en multas por más de $ 47 millones. Desde abril, cerca de 530 establecimientos fueron clausurados por incumplimientos.
La intención del Gobierno es conducir a un descongelamiento progresivo de los Precios Máximos, para evitar un recalentamiento de la inflación hacia fin de año, y a su vez relanzar Precios Cuidados con el compromiso de las empresas del sector de incluir sus productos.
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