Esta causa, como muchas otras, fue impulsada por la Fiscalía Federal N° 1 a solicitud de AFIP (en general, de forma preventiva, busca ubicar diferentes personas para integrarlas a una base de datos en relación con facturas que, por algún motivo, fueron calificadas como apócrifas).
Al realizar el rastreo de comprobantes a través de los IPs de los dispositivos emisores se detectó gente que generaba facturas y las adulteraba dolosamente, adjudicándoselas a personas que no tenían nada que ver (así apareció el delito de asociación ilícita).
Ahora bien. ¿Quién utiliza esa facturación sabiendo que es apócrifa? Los adquirientes suelen emplearla a efectos de disminuir la base imponible de determinados tributos. El beneficio es un retorno con el cual se queda el emisor (usina de facturación) el cual consiste, en la mayoría de los casos, en un porcentaje del crédito fiscal que le posibilita computar al comprador.
A este último le permite la erosión de la base imponible respectiva, pues el cómputo de tal crédito fiscal y del eventual gasto deducible de Ganancias, irroga un menor costo (al fin de cuentas) que el monto que debería abonar por dicha factura.
El caso
Matías Lafuente Sivilotti está imputado por asociación ilícita, señalado como uno de los emisores de las facturas apócrifas. La causa involucra a otras personas, entre ellas al doctor en economía, Nadín Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), asociación civil sin fines de lucro que se dedica a estudiar integralmente aspectos relacionados con el sector público local, nacional e internacional; y todos aquellos elementos económicos y de políticas públicas que contribuyen en la búsqueda del bienestar común (tal como reza su página web).
Lafuente Sivilotti habría librado facturas para dicha asociación. Lo que se investiga es si Argañaraz las compró (o no) en nombre de IARAF para justificar un gasto que en realidad no existió.
Con casi 20 imputados (por diferentes delitos como asociación ilícita, evasión tributaria y/o administración fraudulenta) y numerosos allanamientos realizados, se solicitó la apertura de los secretos fiscales y bancarios de los sospechosos (esto es, ver qué movimientos de dinero hicieron durante los últimos 4 años).
Fuentes allegadas al caso comentan que en general los involucrados son empresarios de alto poder adquisitivo, con amplios conocimientos contables.
A todos se les tomó indagatoria y están fuera de prisión (menos Lafuente) con diversas medidas cautelares para algunos, como por ejemplo la prohibición de salir del país.
El papel de Argañaraz
Él es la única persona conocida mediáticamente y está imputado por administración fraudulenta. Un dato que llamó la atención fue que cuando se lo allanó se encontró una importante suma de dinero en su poder (serían US$ 200.000 en su casa y US$ 500.000 más en una caja de seguridad de un banco privado, según los dichos de Tristán Gavier, su abogado defensor). Hoy todo lo hallado está secuestrado y depositado en el Banco Nación.
El letrado sostiene que es una causa satélite de la principal y que el dinero está justificado. Como primera medida pidió la nulidad del allanamiento, pero el juez Bustos Fierro la denegó (ahora está apelada a la Cámara Federal). Luego, tras la indagatoria, presentó un escrito relatando que no existía administración fraudulenta.
Allí explica que el dinero se encontraba respaldado por la declaración jurada de bienes personales. “La presentamos para explicarle al juez de dónde venía la plata y este mandó a verificar con AFIP”, cuenta el abogado.
Sobre la relación de Lafuente con el IARAF, Gavier asegura que el profesional prestaba servicios de asesoramiento fiscal y elaboración de informes. “La fiscalía dice que como Lafuente se dedicaba a vender facturas truchas, no le brindaba el servicio a la asociación; yo le digo que el IARAF no compró facturas apócrifas, sino que son comprobantes reales por un servicio profesional y concreto; esa es mi defensa”, declara categórico.
Además recalca que su representado ha colaborado en todas las instancias, asistiendo antes de que lo citen, facilitando las llaves de la caja de seguridad, etc. “Por eso sobre él no pesan medidas coercitivas, solo debe avisar en caso de mudanza”, señala.
Cómo sigue
La fiscalía pidió el artículo 18 de la ley de procedimiento tributario, por eso todos los ojos están puestos en AFIP que cuenta con 120 días corridos a nivel procesal desde que llegó la orden para fiscalizar a los imputados.
Por otra parte, según trascendió, la causa Lafuente Sivilotti tiene puntos de unión (tales como un imputado común) con otra de facturación apócrifa de mayor envergadura (conocida como Mega Evasión) que cuenta con 51 imputados y aproximadamente $ 500 millones embargados.
.gif)
Tu opinión enriquece este artículo: