La UIC -que nuclea a las empresas industriales más poderosas- critica que el acuerdo entre el gobierno y la CGT sea a cargo del sector privado y "que no aporta soluciones de fondo a las actuales circunstancias que atraviesa el país".
En tanto, la Cámara de Comercio de Córdoba entiende que el bono ayudaría a reactivar la actividad pero entiende que "la única manera que tenemos de poder asumir la responsabilidad para hacer frente a este bono extraordinario, es que el Gobierno nos permita descontar en cuotas ese importe del F931, (Declaración Jurada de aportes y contribuciones del empleador)".
Por su parte, la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC) que nuclea a contact centers (empresas de mano de obra intensiva) considera que "la aplicación del pago del bono que el Gobierno Nacional acordó con la Confederación General del Trabajo (CGT) tendrá un impacto negativo en las empresas de Centros de Contacto si no son tenidas en cuenta las siguientes condiciones: a) que sea considerado como pago a cuenta del incremento salarial establecido en concepto de revisión salarial acordada en la negociación colectiva del año 2018, b) que se permita que sea abonado en más de dos cuotas y c) que el importe sea proporcional a la cantidad de horas trabajadas".
La mirada de Rattazzi
El titular de FCA Argentina (Fiat, Chrysler, Jeep) se mostró preocupado porque algunos sectores de la política "creen que la capacidad contributiva (de los empresarios) es infinita".
En ese sentido, cree que es extraño que la CGT discuta con el gobierno un pago que harán las empresas privadas: "Me parece bien que no se incluya en el bono al sector público, que tiene que reducir el déficit, pero me parece que el gobierno no debería obligar al sector privado a estos pagos y dejar que se resuelva entre los sindicatos y las empresas".
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