Aprobada la nueva Ley de Ambiente (aún no reglamentada) en Córdoba, la multinacional prepara su nuevo informe de impacto ambiental para su planta de acondicionamiento de semillas de maíz en Malvinas Argentinas. Lo presentaría en julio y la nueva norma lo obligará a que el estudio pase una audiencia pública y, quizás, que sea puesto a consideración en una consulta popular, que nunca será vinculante.
Según cuentan fuentes de la empresa, si esto último ocurre la decisión de continuar con el proyecto quedará en manos de los accionistas. Más sobre la estrategia de Monsanto, en nota completa.
“Estamos trabajando mucho en Malvinas Argentinas, ya hemos llevado a 400 personas a (nuestra planta de) Rojas para que vean cómo producimos y se saquen las dudas que tienen”, cuenta un ejecutivo de la multinacional.
¿En el caso de que se convoque a una consulta popular, van a participar? “No es una decisión que esté tomada aún, las opiniones están divididas, pero la palabra final la tendrán los accionistas de la compañía. No es una decisión que se tome en el país”, amplió.
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