La fuerte intención del Gobierno de atar los precios, y la necesidad de las empresas para subirlos, es desde hace tiempo un contrapunto que, tarde o temprano, estaba listo para generar algún cortocircuito.
Hasta ahora, tanto desde el oficialismo como desde el sector industrial se encargaron de mostrar la buena relación que los une, pero la discusión en torno de los precios está generando los primeros encontronazos.
La semana pasada el Gobierno volvió a extender el programa Precios Máximos, y no autorizó aumentos. Esto no cayó bien en las empresas, que aunque no tenían grandes expectativas al respecto, esperan por algún movimiento.
Los precios de unos 2300 productos se congelaron a partir de la cuarentena -con los valores del 6 de marzo pasado- y el Gobierno permitió un incremento solo a mitad de año, que rondó el 4%. Los industriales piden la finalización de este programa, ya que entienden que les resulta totalmente perjudicial para crecer.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas -uno de los que mejor relación tiene con el mundo empresario- siempre sostuvo que esta política de precios era coyuntural por la pandemia, y que no está en los planes oficiales perpetuarla.
Ahora, en especial las alimenticias, pretenden hacer uso de la promesa que se les hizo la semana pasada: negociar con la secretaria de Comercio Interior, Claudia Español, algún retoque en los precios. "De mínima, lo que esperamos es una mejora de entre 4% y 5% ahora, y otra similar a fin de año", sostuvo una de las fuentes consultadas.
Durante los últimos encuentros el Gobierno puso el foco en dos ejes centrales que no hicieron más que mostrar las diferencias que se abren. Por un lado, les reclamó producir al máximo de su capacidad instalada, con el objetivo de incrementar la oferta y morigerar los aumentos de precios.
Incluso, Comercio Interior hizo explícito el reclamo al publicar la Resolución 254/2020 en el Boletín Oficial. Allí las intima a "incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida".
En resumen, les advierte que si se da alguna cuestión de desabastecimiento de estos productos, serán consideradas culpables.
Otra de los ejes sobre los que se discutió es la aparición de productos "espejo", es decir aquellos que son prácticamente idénticos a algunos de los que están en la lista de Precios Máximos, pero a los que los fabricantes les realizan pequeños cambios en las presentaciones para que puedan salir de ese congelamiento.
Español sostuvo en este sentido que no se permitirán estas prácticas.
El tercer punto de conflicto es la eliminación o recorte en la política de promociones, sobre todo por parte de la industria de Alimentos y Bebidas. Al acceder a estos mejores precios, los supermercados pueden luego lanzar algún tipo de promociones con esos mismos productos.
El recorte de estos programas por parte de los fabricantes es legal, pero el Gobierno entiende que si las elimina, el perjudicado termina siendo el consumidor, que no podrá acceder a ofertas.
Desde las empresas sostienen que tomaron esa decisión como una forma de morigerar el impacto que les provoca la imposibilidad de aumentar sus precios.
Del lado de las industrias, el reclamo pasa porque, entienden, el Gobierno no se metió de lleno a controlar los incrementos de sus proveedores
Por ejemplo, algunos fabricantes ponen como ejemplo los incrementos que se dieron desde que comenzó el año en productos como las latas de aerosol (con alzas de 30%), almidón (37%), huevos (37%) cebo (65%), e incluso la logística (15%).
Por otra parte, también se registraron aumentos desde marzo en empaques y cajas con un promedio de 15%, y de servicios (10%).
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