Hace casi 8 años la Unicameral cordobesa aprobó la Ley 9445 que crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Desde entonces la pelea entre “Inmobiliarios” y “Martilleros” se dirimió en los estrados judiciales. Pero todo indica que puede haber coletazos más allá de la barandilla.
El origen de la batalla
El origen de la batalla
Uno de los argumentos que se dio en la Legislatura para crear el nuevo colegio – recuerda Urcegui en diálogo con InfoNegocios - es que ambos debían estar separados y que esa ley ya se había aprobado en Brasil.
¿Qué legislador defendía eso?, preguntamos “Dante Heredia (PJ), y yo le contesté que comía asado y no feijoada. Hoy sigo queriendo el mismo menú”, grafica.
Los Martilleros y Corredores Públicos argumentan que están amparados por dos leyes nacionales (20.266 y 25.028). “Son dos profesiones únicas e indivisibles. Hay fallos que dicen que Corredor Público es el género y Corredor Inmobiliario es la especie, una potestad que se mantiene dentro de la Ley 7191”, manifiesta.
La conexión política
“Nuestra profesión es un servicio y como tal servimos a la sociedad, una sociedad que no tiene que ver cómo se malvenden las propiedades y bienes del Estado. (Luego de aprobada la 9445) No nos dejaron tasarlas, algunas de esas tasaciones las hizo el Colegio de Corredores Inmobiliarios a través de Corincor y algunos presidentes de ese pseudocolegio a su vez dirigieron la Corincor”, dice.
El directivo asegura que hace ocho años se legisló para un grupo “que en este momento llega al 10% de la cantidad de colegiados que tenemos nosotros (4.650), creo que el otro colegio no llega a 500”.
Por si no queda claro, ante la pregunta directa de este medio Urcegui no duda: “A una parte del Ejecutivo le era útil que un grupo de corredores inmobiliarios manejaran ciertas propiedades, le armaron un rancho aparte, esa es la situación real. Es una ley que beneficia a un pequeño grupo que pueda seguir sus negocios tranquilos sin que haya unos ‘loquitos’ que los perjudique; hay un poder político y poder económico muy grande detrás de todo esto”, denuncia.
La puja en la actualidad
Días atrás dos noticias parecieron darle la razón a los Inmobiliarios. La primera, anticipada por este medio, fue el fallo de la justicia provincial que no le permitió cobrar a un corredor público por no estar inscripto en el colegio de corredores inmobiliarios.
“En ningún momento se le preguntó si estaba dentro de la Ley 7191 , se basó en la Ley 9445, el fallo está apelado y no hay sentencia firme”, señala. Pero agrega: “lo que no se dice es que el demandante para no pagar es uno de los imputados en la firma Cordubensis (la sociedad que controlaba la ya extinta “cueva del Dino”) y el defensor de esta persona es el asesor letrado del Colegio Inmobiliarios”.
Y recordó: “Hay siete fallos que son contrarios a ese y que son fallos de Cámara, eso no lo dicen los inmobiliarios”
El otro fallo fue el rechazo de la Corte Suprema a un amparo de Martilleros para que se declare inconstitucional la creación del nuevo colegio.
La Corte Suprema de Justicia no trató la cuestión de fondo. Rechazó nuestro amparo por un tecnicismo – falta de numeración de fojas – y nada dijo sobre la legalidad.
¿Hacia dónde va el combate?
La situación lejos está de concluir. “Seguiremos con la lucha en los estrados judiciales”, advierte Urcegui.
“Hay diferentes amparos judiciales en vigencia que permiten trabajar a los corredores públicos hasta tanto la Justicia no se expida sobre la cuestión de fondo”, explica y asegura que presentaron en la Unicameral un proyecto de derogación de la Ley 9445 y que quedó paralizada una iniciativa de los Inmobiliarios que pretende dividir a Martilleros por un lado y Corredores por el otro.
¿A quién le pago la cuota?
Al medio de todo esto quedaron miles de personas que se dedican a esta cuestión y que hoy, en épocas de poca actividad, no saben a qué colegio aportar o si optar por ambos, lo que implica gastos extras.
- ¿En el caso de este joven corredor que no pudo cobrar su comisión, qué hacen ustedes?
- Estamos brindando amparo legal en nombre del colegio. El problema acá es el costo social, porque quien no quiera pagar los honorarios correspondientes a alguien que realizó un trabajo va a ser demandado y eso genera un costo porque hay derechos a cobrar por la tarea realizada, algo que ampara la Constitución provincial.
¿Qué hace un martillero y corredor público?
“El corredor público interviene en la compraventa de todo bien de tráfico lícito en el país y dentro de sus incumbencias hay otras cuestiones. Desde ser corredor de bolsa hasta corredor inmobiliario, lo que desee. Con toda esta situación se está minimizando la profesión de corredor público”, dispara Urcegui.
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