"En el marco de expresas instrucciones recibidas desde la Secretaría de Obra Públicas, pongo en vuestro conocimiento que no se efectuarán a partir de la fecha llamados a licitación y, asimismo, se suspenderán los trámites licitatorios que se encuentren en curso, sea cual fuere el estado de avance de los mismos (licitaciones de obras, trámites de análisis de ofertas, preadjudicaciones y contrataciones)", sostiene la circular N° 2 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), del lunes pasado.
La medida se debe a la abultada diferencia entre el presupuesto de ese ente nacional y los fondos devengados, adeudados y obras por adjudicar a punto de arrancar, informó una fuente de la Cámara Argentina de la Construcción a InfoNegocios.
Las obras en ejecución que deben pagarse suman unos $ 56.000 millones; la deuda de certificados es de entre 5 y 6 meses y ronda los $ 8.000 millones y hay otros casi $ 10.000 millones que se juntan entre las obras licitadas y adjudicadas pero que no arrancaron, las modificaciones, los certificados de redeterminación de precios y los intereses.
La suma de lo que se debe pagar cuadriplica el presupuesto de Vialidad Nacional, que apenas llega a los $ 20.000 millones para este año.
“Si bien desde el Ministerio de Planificación se venía advirtiendo a las empresas que el ritmo iba a disminuir, la noticia sacudió: no habrá nuevas obras en lo que queda del año. Se acabó lo que se daba”, graficó el informante.
¿Cómo afecta a Córdoba?, preguntamos. “En obras, casi nada. No hay presupuesto de la Nación para obras viales en la provincia; si puede afectar a las empresas cordobesas que tienen obras en otros puntos del país, como (Benito) Roggio y Electroingeniería”, explicó. Pero agregó: “aunque el verdadero problema es que hay rutas que se están viniendo abajo y en dos años no habrá más rutas. Seguro esto será un dolor de cabeza para el que viene”, vaticinó.
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