Como ocurriera con los sobreprecios de alimentos demandados por el Ministerio de Desarrollo Social al inicio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, las compras del Estado vuelven a estar en tela de juicio a partir de la queja de empresarios que advierten en cierta falta de transparencia en las licitaciones un eventual mecanismo para el direccionamiento de los millonarios contratos con unos pocos proveedores de bienes y servicios para la Nación, las provincias y los municipios.
Empresarios inscriptos como proveedores del Estado en los más diversos rubros hicieron llegar en los últimos meses sus quejas a la cámara que los agrupa ante la falta de publicidad de las compras gubernamentales, los desmesurados requisitos exigidos o, directamente, el direccionamiento de los llamados a concurso para que estos sean adjudicados a unos pocos.
El 12 de marzo pasado, el presidente Alberto Fernández estableció por DNU la ampliación de la emergencia sanitaria que el Congreso había aprobado en diciembre de 2019, apenas asumido el entrante gobierno, en virtud de la declaración de la pandemia de coronavirus. Con ese decreto, Fernández facultó al ministerio de Salud a efectuar la "adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento" necesarios para atender la crisis "sin sujeción al régimen de contrataciones de la administración nacional", y cinco días después extendió las facilidades a todas las reparticiones y a las empresas del Estado nacional.
De ese tiempo a esta parte, empresarios con años de experiencia en la provisión de bienes y servicios al Estado aseguraron a este diario un notorio descenso de la publicidad de las compras del Gobierno y, por tanto, la transparencia con que se asignan los recursos públicos. Lo hicieron con la condición de reservar sus nombres y el de sus compañías, para evitar posibles apercibimientos.
Los proveedores sostienen que los llamados a licitación incorporan cláusulas excesivas y prácticamente imposibles de cumplir en un contexto de precios en constante ascenso por la inflación. En algunos casos se ha notado la publicación de los concursos, pero sin pliegos de bases y condiciones, que solo se entregan previo pago de sumas de dinero que se pierden si el oferente no es finalmente el adjudicatario.
En ocasiones, en varios ministerios exigen mantener la oferta hasta 90 días desde su presentación, lo que dificulta un cálculo atinado del valor por unidad y los costos asociados (como logística); muchas veces, se extienden los plazos de entrega hasta 180 días, o bien se acotan pocas semanas, dejando en carrera así a unos pocos con stock disponible. En otros casos, se ha notado que se exige capacidad de entrega en varios puntos de distribución, lo que deja afuera a compañías sin una flota de transporte, a contramano de la habitual práctica de entrega en un único destino.
Los contratistas también llamaron la atención sobre la habitual publicación de llamados a licitación de menor cuantía para la misma repartición y el mismo producto o servicio, en vez de elaborar un único pliego. Así, interpretan los privados, en ciertas provincias y municipios evitan mostrar las condiciones que exige la normativa, para así acotar la competencia a unos pocos conocidos.
A contramano del espíritu del DNU que aligeró las condiciones de contratación para el ministerio de Salud, los casos de presunta discrecionalidad en la adjudicación de contratos se repiten a toda escala: desde la provisión de kits escolares en las provincias, pasando por manuales requeridos por el ministerio de Educación; neumáticos para los vehículos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, o incluso en el mobiliario para el operativo de vacunación. Situaciones similares se advierten en AySA, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino e YPF.
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