El Gobierno depositó ayer US$ 1.000 millones (de un vencimiento de un bono de deuda reestructurada) para evitar un default y ratificar la voluntad de pago a los bonistas, mientras que el juez de Nueva York Thomas Griesa rechazó la cautelar solicitada por la Argentina y citó para mañana a representantes del país y de los fondos buitre.
La audiencia fue solicitada en carácter de urgencia por el fondo NML Capital, uno de los litigantes en contra del país, con el fin de convencer al magistrado de embargar los fondos que el país depositó para pagar deuda.
A pesar de que este viernes es feriado en los Estados Unidos, Griesa citó para las 11:30 hora argentina a las partes.
El magistrado tomó esa decisión tras rechazar la continuidad de la medida cautelar pedida por la Argentina para evitar embargos y conocer la noticia del depósito efectuado para el pago a los bonistas que entraron al canje.
En el marco de una estrategia destinada a garantizar la voluntad de pago, la Argentina depositó un vencimiento de deuda por más de US$ 1.000 millones.
Así, busca evitar que la acuse de caer en default y esgrimir, en caso de un embargo, que la responsabilidad por el incumplimiento es de la Justicia de los Estados Unidos.
“Pagadores seriales”
El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que el Gobierno concretó depósitos por unos 832 millones de dólares destinados a que los acreedores que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010 cobren los servicios de capital e intereses de los bonos emitidos bajo legislación extranjera.
De ese monto, unos US$ 539 millones fueron depositados en las cuentas 15.098 y 15.002 del Banco New York Mellon en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), precisa el comunicado leído por Kicillof.
El total de 1.000 millones incluye el pago de vencimientos del mismo bono pero emitido en pesos bajo legislación nacional, detalló el ministro, quien aseguró: "Acatar una sentencia no puede eximir el cumplimiento de las obligaciones. La Argentina cumplirá sus obligaciones y honrará sus deudas", aunque la decisión del juez neoyorquino desató mayor incertidumbre en los mercados y avivó temores de default.
"No pagar teniendo los recursos y forzando un default voluntario es algo que no está contemplado en la ley argentina. Sería contrario al orden público y una clara violación a los prospectos de deuda", dijo Kicillof al desnudar la estrategia del gobierno en este tema que puede complicar las finanzas del país.
Las cláusulas del acuerdo de reestructuración daban 30 días de gracia a la Argentina para realizar el depósito, pero la administración de Cristina Kirchner cumplió en tiempo y forma para mostrar voluntad de pago y restar incertidumbre a la difícil situación financiera del país.
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